DE QUE SE TRATA

Un pacto humillante, con un duro ajuste y un cogobierno con el FMI

Se acabó la farsa. Después de que varios sectores del kirchnerismo se pavonearan en los medios contra el FMI y hasta la vicepresidenta lo acuse de complicidad con el narcotráfico a nivel mundial, el gobierno anunció un acuerdo con el Fondo que contempla un duro ajuste contra el pueblo y admite una intromisión directa de sus burócratas en el país, al punto tal de establecer un régimen de monitoreo trimestral sobre el conjunto de la política económica.

Este monitoreo es la pieza clave del acuerdo, ya que como explicó el ministro de Economía los desembolsos estarán atados a la aprobación trimestral de las metas acordadas. Si dichas metas no se alcanzan el FMI puede exigir medidas de ajuste adicionales e incluso cancelar los desembolsos forzando un default. Por esta vía se opera una modificación sustancial del régimen político, que oscilará entre el cogobierno con el FMI y el chantaje. La pretensión intervencionista, admitida por la dupla de los Fernández, quedó expresada en que la duración del acuerdo se limita al mandato del gobierno actual. Así, hasta la campaña electoral del año que viene estará bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Que esto haya sido admitido y firmado por un gobierno que se reclama nacional y popular muestra el tamaño del bochorno.

Como era previsible, el presidente en su breve mensaje grabado aseguró que el acuerdo no incluye un ajuste. Pero las pocas precisiones dadas luego por su ministro lo desmintieron categóricamente. De acuerdo con lo informado queda en claro que entramos en una política ajustadora de grandes dimensiones. El déficit fiscal que estaba previsto en 3,3% del PBI pasará ya este año a 2,5% y el año que viene a 1,9%. La reducción es significativa si se tiene en cuenta además que este año el gobierno no contará con los ingresos extraordinarios que generó el llamado “impuesto a la riqueza” y que las retenciones arrojarán un ingreso inferior, tanto por la caída de los precios internacionales como por la reducción del volumen de la cosecha por la sequía.

Más fuerte aún es que la asistencia del BCRA al Tesoro para cubrir el déficit, que el año pasado había sido del 3,7% del PBI, se reducirá este año en curso al 1%. Esto es clave, porque deja al gobierno atado de la deuda que pueda colocar en pesos en el mercado local, para lo cual deberá aumentar de modo significativo la tasa de interés, con su impacto sobre la actividad económica y el consumo. Si por distintas razones no pudiese colocar deuda deberá reducir el gasto para no violar la meta de asistencia del BCRA. Al mismo tiempo, el incremento de las tasas de interés de referencia que paga el Banco Central, para que superen a la inflación, agravará la hipoteca ya descomunal de la autoridad monetaria con Leliqs y pases pasivos, con su consecuente costo usurario.

Junto con ello el acuerdo contempla que las reservas se incrementarán en U$S 5.000 millones. El objetivo suena poco realista a la luz de la caída de los precios internacionales del agro, de los efectos sobre la cosecha generado por la sequía y del aumento de los precios del gas a nivel internacional, que insumirán más divisas para bancar la importación de energía; máxime si se tiene en cuenta que el 2021 cerró con pérdida de reservas a pesar de un superávit comercial que rozó los 15.000 millones de dólares y del giro de los DEG del propio FMI.

Por otro lado, es una farsa el argumento sostenido por Guzmán de que no habría ajuste porque el déficit fiscal se reduciría con una mayor recaudación, ya que la presión tributaria se descarga sobre las familias trabajadoras, como fija el Consenso Fiscal que se tratará en las sesiones extraordinarias del Congreso y que incrementa Ingresos Brutos que se traslada a los consumidores en los precios. Esto cuando el IVA explica casi la tercera parte de la recaudación impositiva. En la conferencia el ministro desmintió un tarifazo superior al estipulado, pero el texto del Fondo plantea una fuerte reducción de los subsidios, que será facturado a los usuarios.

Pasando en limpio, el anuncio contempla todas las demandas del FMI: reducción del déficit fiscal, menor asistencia del Banco Central al Tesoro, aumento de la tasa de interés, devaluación monetaria y compra de reservas para hacer frente al pago de la deuda. Se trata ni más ni menos de un ajuste en toda la línea que el gobierno deberá aplicar a riesgo de que el FMI le baje el pulgar ante el incumplimiento de los compromisos asumidos.

Los anuncios de Guzmán, sin embargo, están lejos de dar cuenta de la totalidad de los compromisos asumidos por el gobierno. El propio ministro de Economía se vio en la obligación de aclarar que la totalidad del plan aun no está definido y que hacerlo insumirá varias semanas. Recién en ese momento será enviado al Congreso para su aprobación. Pero sin plan y sin aprobación parlamentaria el gobierno ejecutará los próximos pagos, a pesar de todas las amenazas vertidas en los últimos días.

El ajuste que se viene obligará al gobierno a reforzar su política de contención. El agradecimiento de Guzmán a las direcciones sindicales, de los movimientos sociales y la mención especial para la vicepresidenta son señales claras en ese sentido. Lo mismo vale para la decisión de mandar el acuerdo al Congreso, en una clara intención de forzar un pacto con el macrismo para que nadie saque los pies del plato.

Lejos de la estabilidad que prometió el presidente, este acuerdo abrirá una nueva etapa de crisis, más aguda que las anteriores. Luego de dos años de mandato el gobierno llegó a este acuerdo con una inflación en alza que puede alcanzar los tres dígitos, una brecha cambiaria superior al 100%, un déficit de todas las cuentas públicas y un Banco Central quebrado. Según algunas informaciones periodísticas el presidente del Banco Central le advirtió a Alberto Fernández que en febrero se podía dar una corrida bancaria ante el agotamiento de las reservas internacionales.

Es de esperar que los kirchneristas que habían reclamado un default o postergar los pagos para seguir negociando pasen a cuarteles de invierno. Las posibles rupturas deberán esperar a que los efectos más negativos de este acuerdo se sientan en la calle. En ese caso sacarán otra vez la cabeza para confundir o contener la bronca popular contra los responsables de esta entregada.

Mientras tanto, la responsabilidad de encabezar una movilización inmediata pasa a todo el espacio que realizó la gran demostración contra el pacto con el FMI el pasado 11 de diciembre. Ya el próximo lunes está prevista una reunión abierta en Parque Lezama y con seguridad se aprobará la convocatoria a una movilización popular masiva para la semana que viene a la Plaza de Mayo. Nos valdremos de esa movilización para llevar el debate a los sindicatos y a todas las organizaciones populares, para derrotar este pacto humillante con el FMI.

Fuente: https://prensaobrera.com

 

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