DE QUE SE TRATA

Tras la anulación de las condenas, arranca el segundo juicio contra los asesinos de Facundo Ferreira

La Justicia tucumana comprobó que los policías Díaz Cáceres y González Montes de Oca persiguieron y fusilaron por la espalda al joven de 12 años, pero a principios de este año la Corte provincial anuló la condena. Esta semana comenzó la reedición del juicio.

Redacción Canal Abierto | El 8 de marzo de 2018, policías de la División Motoristas del Servicio 911 de la policía tucumana persiguieron y asesinaron de un tiro en la nuca a Facundo Ferreira, un niño de 12 años y vecino del Barrio Juan XXIII, “La Bombilla”.  

Durante las audiencias se comprobó que ambos son coautores de homicidio agravado por alevosía, por el ejercicio abusivo de la función de los miembros de las fuerzas de seguridad y por el uso de armas de fuego, e incumplimiento de deberes de funcionario público. También se los encontró culpables por abandono de persona, al no haber solicitado asistencia inmediata para la víctima. 

En octubre de 2021, la Justicia provincial condenó a prisión perpetua a los policías Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier Gonzales Montes de Oca como autores del crimen. Sin embargo, el 24 de febrero de este año se conoció la resolución firmada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, y los cortesanos Antonio Estofan y Eduardo Romero Lascano, en la que declaran la nulidad del fallo. Los magistrados Claudia Beatriz Sbdar y de Daniel Oscar Posse votaron en disidencia.  

Este lunes 31 de julio comenzaron las audiencias del proceso que en juiciará, una vez más, a los dos agentes de la Policía de Tucumán. “No tengo ninguna duda que vamos a conseguir la condena nuevamente”, señaló Carlos Garmendia, abogado de la familia de Facundo, Carlos Garmendia, en diálogo con el medio Canal 10 Digital.  

 

Los hechos

En la noche del 8 de marzo de 2018, Facundo viajaba como acompañante en una moto conducida por su amigo, Juan. Sin mediar razones ni la correspondiente voz de alto, los agentes salieron en su persecución para inmediatamente vaciar sus escopetas de balas de goma –el cuerpo de la víctima registra al menos cinco de estos impactos– y luego 11 proyectiles de plomo de sus armas reglamentarias 9mm. 

La investigación judicial develó que los uniformados demoraron en ayudar al chico moribundo: el homicidio ocurrió a la 1.23 de la madrugada pero tardaron en llevarlo al Hospital Padilla y recién a las 4.30 avisaron a la familia. Ingresó a la guardia en calidad de “accidente de tránsito”. De acuerdo a las pruebas realizadas, Montes de Oca estaba bajo los efectos de la cocaína y marihuana al momento del hecho. 

A partir de entonces, distintos integrantes de la fuerza de seguridad, la justicia provincial y el poder político tucumano no hicieron más que entorpecer la investigación. “Nunca recibí ningún apoyo ni ayuda por parte del Gobierno. Es más, me tuve que ir de Tucumán por miedo a represalias, no quería que a mi hija le pasara lo mismo que a Facundo”, contó a Canal Abierto Romina, la madre de Facundo. 

  

El intento de encubrimiento, al desnudo

Las primeras audiencias contaron con las declaraciones de Juan -el joven que conducía la moto en que viajaba Facundo-, otro amigo de los chicos y los policías directamente involucrados en el hecho. También se presentaron ante la justicia los médicos y peritos forense, además de otros efectivos policiales que -según la familia- habrían sido parte de las maniobras de “manipulación y falsificación de la escena del crimen”. 

Desde un primer momento, la versión policial –sostenida por el entonces ministro de Seguridad del gobernador Juan Manzur, Claudio Maley– apuntó contra los chicos, fraguando un enfrentamiento que nunca existió. Sin embargo, tras varios peritajes, un dermostest y un barrido electrónico, la fiscal terminó por confirmar que el menor no había disparado y que los tiros se habían iniciado del lado de los agentes. 

“La estrategia de la defensa fue hostigarnos y mostrar a Facundo como si hubiera sido un delincuente. Yo me pregunto, ¿por qué juzgan a un niño de 12 años que sólo fue a ver las picadas de las motos y no a estos dos asesinos y delincuentes disfrazados de policías?”, afirmó Romina Ferreira. 

Al intento de manipulación de las pruebas luego se sumó el escarnio público de medios y figuras de la política -a nivel provincial como nacional-, en línea con la denominada Doctrina Chocobar. “En su momento, tanto Bullrich como funcionarios tucumanos salieron a defender el accionar de estos policías, avalando y alentando acciones homicidas como la que terminó con la vida de Facundito”, señaló en diálogo con Canal Abierto el abogado de la familia, Carlos Garmendia. 

Rápidamente se hicieron públicas filmaciones de cámaras de seguridad que incriminan a los policías. En ellas se ve el momento en que un grupo de menores, a bordo de tres motos, ingresan de contramano por una avenida céntrica. Entonces, los dos efectivos comienzan a seguirlos. En las imágenes no se llega a ver el momento de los disparos, pero pocos metros después se ve cómo los dos menores caen sobre el pavimento; Facundo, con el disparo en la nuca y, sobre la espalda, las marcas de las balas de goma. Las filmaciones muestran a uno de los agentes señalados como autores del disparo que segó la vida del menor participar del levantamiento de las vainas servidas tras el hecho, algo que está expresamente vedado en cualquier protocolo de intervención criminalística de una escena del crimen. 

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Tiempo después, un ex agente del comando 911 denunció ante la fiscalía que dos efectivos le habían ofrecido “resolverle un problema” para que pudiera retornar a la fuerza a cambio de atentar contra la casa de la familia de Facundo. Este hecho terminó por convencer a la fiscal de pedir la prisión preventiva de los agentes imputados, pero el juez de turno rechazó el requerimiento y dejó en libertad a los agentes, que siguieron en funciones. 

Ambos condenados ya contaban un extenso prontuario judicial por delitos comunes, como robos o arrebatos. 

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