“Ni la cárcel ni la calle serán nuestras casas”

Redacción Canal Abierto | “Casa Pringles es una casa comunitaria y colectiva. Las compañeras recuperaron este espacio hace más de un año y aquí viven diez mujeres con quince niñes y adolescentes. Vienen de situaciones de violencia, de desalojos, de la situación de calle, de consumos problemáticos”, cuenta Eva del Colectivo Yo no fui que, como define ella, “viene segundeando” a estas mujeres.

El Gobierno de la Ciudad quiere desalojarlas. El viernes 31 de marzo, algunas de ellas a quienes la administración porteña les inició una causa por usurpación, fueron citadas y se les notificó la intimación de desalojo en las próximas 72 horas. Cumplido ese plazo la Dirección General de Administración de Bienes, a cargo de Matías Vitale, podrá solicitar una orden judicial para sacarlas, a ellas y a sus hijos, con la fuerza pública.

“En Casa Pringles – ATR (Autonomía, Territorial, Reparadora) además de vivir, armamos un merendero, clases apoyo escolar y encuentros colectivos como respuesta a las distintas problemáticas y la falta de espacios de contención para otras mujeres, que al igual que nosotras, atraviesan situaciones de vulnerabilidad y sobre todo de violencia machista, la cual muchas veces termina con nuestras vidas”, explican en un comunicado este grupo de mujeres que se han organizado para sostener un espacio vital, para darse una oportunidad, para que se cumpla lo que dicen los carteles pegados en el frente de la vivienda: “Ni la cárcel ni la calle serán nuestras casas”.

La casa en cuestión está ubicada en la calle Pringles del barrio de Almagro a metros de la avenida Díaz Velez, una zona donde las viejas casas de principios de siglo XX con toda su carga patrimonial e histórica sucumben para dar paso al negocio de la especulación inmobiliaria con sus torres que sólo acumulan valor monetario y no alojan vida.

El inmueble supo ser del artista plástico Eduardo Sívori quien a su muerte, en 1918, lo donó al pueblo de la ciudad para uso cultural. Allí funcionó un archivo del GCBA y luego estuvo abandonado durante más de tres décadas. El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta lo declaró por Ley “innecesario para la gestión” (Leyes N° 3.397 y N° 6.287) junto a otros más de mil inmuebles públicos. El Banco Ciudad hizo siete subastas y todas resultaron desiertas.

“Las chicas han agotado el espacio de mediación con los organismos públicos de la Ciudad. Tuvieron reuniones con la Administración de Bienes, el IVC, Desarrollo Social y la Secretaría de la Mujer que les dijeron que no tenían alternativas para ellas, que recién cuando estuvieran en situación de calle iban a poder ofrecerles un parador o un hogar de madres que no es una alternativa en este contexto”, cuenta Eva, que es trabajadora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

La respuesta estatal, que revictimiza a esta mujeres y a sus hijos que se organizan y producen una respuesta para ellas y para el barrio, se da en el contexto de una ciudad opulenta en la que, el mismo día de la intimación, una beba que dormía en situación de calle con su familia en Plaza de Mayo, amaneció muerta.

“Desde chica vengo pasando por hogar, instituto, situación de calle, violencia intrafamiliar, abuso, trata. Cuando nació mi hija pedí ayuda, me interné, estuve en un hogar por problemas con consumo. Después de mi tratamiento pude adquirir herramientas para saber a dónde no quiero volver. Veía a mi hija y decía: ‘A esta nena no la puedo dejar sola, esta nena necesita un techo’”, cuenta Gabriela, “Pipi”, una de las mujeres de la casa judicializadas por el Gobierno de la Ciudad.