Las centrales sindicales contra el DNU antiobrero de Gerardo Morales

Redacción Canal Abierto | Las tres centrales gremiales nacionales se manifestaron duramente contra el Decreto del gobernador Gerardo Morales que prohíbe y sanciona con multas económicas a los trabajadores que realicen reclamos laborales en las calles.

Mientras tanto, y a pesar del evidente blindaje mediático que ofrecen las grandes empresas nacionales de comunicación, sigue el paro de docentes y los conflictos de azucareros y municipales, y crecen las manifestaciones.

El gobierno autorizó la cesantía de quienes “reincidan” en la protesta, y los cuatro gremios de trabajadores de la educación anunciaron la continuidad de los reclamos callejeros, con movilización a la Casa de Gobierno. Por otra parte, a medida que el proyecto de reforma constitucional que impulsa el oficialismo va tomando estado público, el rechazo se multiplica y las marchas suman cada día más manifestantes.

La CTA Autónoma denunció a Morales ante la Organización Internacional de Trabajo por violación de convenios internacionales en Jujuy. Lo hizo mediante una carta en la que se solicita la inmediata intervención del Director General del organismo tras las modificaciones que ha introducido el Ejecutivo provincial en el Boletín Oficial para restringir el derecho constitucional de protesta y huelga.

El texto detalla los alcances del conflicto docente que registra la provincia de Jujuy actualmente y las peligrosas consecuencias que pueden traer las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la Ley 5860 que castiga a quienes se manifiestan con represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones.

La misiva recuerda que la República Argentina ha ratificado el convenio 87 de la OIT y los tratados internacionales que tienen nivel constitucional, pudiendo esto generar un perjuicio a ejercer el más elemental derecho a la ciudadanía en una provincia en la que se vulneran frecuentemente los derechos de los trabajadores del sector público y la conflictividad es habitual.

En tanto, la CTA-A adelantó que hará “una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para detener el estado represivo que pretende ejercer el gobierno provincial”.

“Morales promueve un Estado de Sitio de hecho, prohíbe trasladar a quienes se movilizan, identifica en la vía pública a trabajadores y trabajadoras estatales y docente, la policía visita la casa de los dirigentes, está generando un clima de terror”, señaló Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la central autónoma.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo publicó recientemente un texto en el que habla de “medidas que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática en donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes democráticos de la expresión social y de la construcción participativa de nuestra nación”.

“El uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia Penal ,como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente veda a todos los Estados la posibilidad de punir de cualquier forma el derecho de huelga y extraer de la Justicia del Trabajo los conflictos de características laborales”, expresa el consejo directivo de la CGT.

Mientras tanto, las delegaciones locales de la CTA-A, CGT y CTA de los Trabajadores realizaron esta mañana una conferencia de prensa conjunta para ratificar el rechazo a la avanzada antisindical de Morales, anunciaron una masiva movilización para este viernes y difundieron  un duro comunicado:

“Queremos hacer extensivo y poner en conocimiento de los constituyentes del Frente Cambia Jujuy, el profundo rechazo sobre sus procederes en la Convención Reformadora, al mostrar una actitud antidemocrática y autoritaria en el tratamiento de los temas en cuestión. Entendemos que se está trabajando de manera apresurada en la búsqueda de una aprobación que solo intenta beneficiar y aumentar el poder del actual gobierno. Siguiendo con esta línea de análisis, lo referido al derecho a la protesta y la manera totalmente antidemocrática en que se quiere reglamentar la misma, es una prueba más de lo expresado. Así en los puntos referidos con el título “Derecho a la Paz Social y Convivencia Democrática” se encierra una  contradicción y solo se plantea de manera decorosa, cuando el trasfondo real es cercenar el derecho a protesta del pueblo trabajador, por el cual consideramos necesario expresar de manera clara nuestro total rechazo”, dicen en el texto.