DE QUE SE TRATA

Casi la mitad de los jujeños es pobre y el 10% pasa hambre

El precandidato presidencial Claudio Lozano aseguró que la pueblada desatada en Jujuy contra la nueva Constitución se explica por el “lacerante cuadro sociolaboral que atraviesa la provincia”. También advirtió que esas condiciones se extienden por todo el país, como podría extenderse el conflicto.

Redacción Canal Abierto | En un comunicado difundido hace instantes, el precandidato a Presidente por Unidad Popular —que integra Unión por la Patria—, Claudio Lozano, señaló que, al centrar la discusión acerca de las causas de la pueblada jujeña en los contenidos de la reforma constitucional que impulsó Gerardo Morales, es posible que “se nos estén escapando cuestiones importantes que explican la magnitud del levantamiento popular”.   

Sobre este punto, acercó precisiones en números que desnudan un paisaje social preocupante en la provincia norteña.

 

El mercado laboral

En primer término, destacó que sobre un total de 307.330 personas que conforman la población laboral de la provincia, “89.609 jujeños y jujeñas (el 29% de esa población laboral) busca permanentemente trabajo”.

Luego agregó que, en ese contexto, 212.545 personas se desempeñan como asalariados (73% de los ocupados), de los que 87.814 trabajan en el Estado provincial y municipal y 124.731 en el sector privado De estos, 84.504 están en negro.

Tomando todo lo antedicho en consideración, “en Jujuy, siete de cada diez trabajadores asalariados están en negro”, sostuvo el economista.

Por otro lado, indicó que el autoempleo (cuentapropismo) jujeño involucra a 65.157 personas, los asalariados no registrados son más de 100.000 y hay también 15.647 desocupados, lo que contabiliza un total de 180.813 trabajadores jujeños en situación de precariedad laboral, que son el 61,2% de los que trabajan. 

 

Pobreza e indigencia

“Nadie duda respecto de la necesidad de discutir los contenidos regresivos de la reforma constitucional, pero parece importante destacar el lacerante cuadro sociolaboral que atraviesa la provincia —aseguró Lozano—. Cuadro social que, en el marco de la gestión de Gerardo Morales, enfrenta un diseño del sistema político caracterizado por la colonización que el Ejecutivo Provincial hizo del Poder Judicial, y por la desaparición de la principal fuerza opositora (Justicialismo) cooptada también por el Ejecutivo en un contexto de descabezamiento de las organizaciones populares. Cooptación que no es ajena al nuevo esquema de negocios que la explotación del litio ha abierto en la provincia y que alimenta la voracidad  de la oligarquía local en sociedad con corporaciones trasnacionales y con el papel gerenciador de la dirigencia política”.

Asimismo, planteó que, con todo lo expuesto, el ingreso promedio de los hogares en Jujuy está un 30% por debajo del nacional y que “casi la mitad de los habitantes de la provincia  (377.293 personas, 47,9%) son pobres y 78.000 jujeños y jujeñas pasan hambre”.

Los datos del Censo 2022 arrojaron que en la provincia viven 797.955 personas, por lo que el número de indigentes es cercano al 10%, dos puntos por encima del promedio nacional, que está en 8,1%.

Por otra parte, el dirigente de Unidad Popular afirmó que en el marco de la aplicación del acuerdo con el FMI, “la pobreza se incrementó un 42% y la indigencia en un 55%. Es decir, en poco más de un año hay 111.000 pobres más de los cuales 28.000 son indigentes”.

“Las condiciones extremas de precariedad laboral y pobreza, en un contexto de cooptación de la mayor parte de la institucionalidad (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) por una lógica de saqueo sobre los bienes comunes, define que la conflictividad social no tiene modo alguno de procesarse institucionalmente y por tanto se sostiene sólo como institucionalidad represiva. Contraparte necesaria del ajuste fondomonetarista y el extractivismo minero”, analizó Lozano.

Y agregó: “Este escenario con estas condiciones no está presente sólo en Jujuy. De hecho, a nivel nacional, la precariedad laboral involucra al 48% de la población trabajadora del país y la pobreza ya supera el 40%. A la vez, los ejemplos de respuestas represivas frente al conflicto social, con introducción de leyes o decretos que criminalizan la protesta, se extienden por la geografía del país. En el marco del año electoral y de cara al próximo gobierno, la tarea política no puede ser transformar la conflictividad social en la justificación para la consolidación de una institucionalidad represiva. Si así fuese, Jujuy estaría adelantando el futuro”.

 

Foto: Luciano Dico

Fuente: https://canalabierto.com.ar

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